El Poder Judicial como actor institucional ambiental

Una propuesta de activismo judicial comunitario enfocada en la Responsabilidad Social Institucional del Estado

Abstract

El presente trabajo analiza si el Poder Judicial, más allá de su función jurisdiccional tradicional, puede constituirse en un actor institucional activo en la promoción de prácticas ambientales comunitarias. A partir del artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente N° 25.675 y la Ley N° 27.592 (Ley Yolanda) y otros marcos normativos, se examina el alcance del deber estatal de protección ambiental y su proyección institucional. A partir de estos, la investigación sostiene que la implementación de un programa de activismo judicial ambiental contribuiría a fortalecer la legitimidad institucional, promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y materializar el mandato constitucional de tutela ambiental. Bajo este propósito, se propone un programa interno para los Poderes Judiciales que complemente la capacitación obligatoria prevista por la Ley Yolanda a través de acciones concretas de impacto comunitario. En este sentido, la propuesta se inserta en las actuales políticas de gestión institucional orientadas a fortalecer la función judicial, acercar la justicia a la ciudadanía y favorecer el acceso judicial efectivo. Metodológicamente, el trabajo adopta un enfoque cualitativo y dogmático, basado en el análisis normativo y doctrinario, complementado con una perspectiva propositiva. Asimismo, aborda la evolución del paradigma ambiental, el reconocimiento del derecho al ambiente como derecho humano fundamental y el desarrollo de la normativa ambiental internacional y argentina que sustenta la propuesta formulada.