sostenido que se debe recurrir a los instrumentos particulares del Poder Ejecutivo que regulan quiénes son representantes del mismo, y su facultad para poder estar en juicio, es decir, la atribución de intervención judicial (Fiscal de Estado, Asesor Letrado, etc.) En el caso de delitos contra la propiedad, el TSJ ha explicado que el damnificado no se identifica con el ofendido penal. El damnificado es un tercero que, como consecuencia del hecho, ha sufrido una pérdida o un menoscabo patrimonial, y como tal, solo tiene posibilidad de constituirse en actor civil, descartando su posibilidad de ingreso al proceso como QP. Hasta aquí los criterios referenciados son de aceptación pacífica en los distintos precedentes.
La posición tradicional asentada en “Bonfigli” establecía que en los casos de delitos contra la administración pública, las personas jurídicas que tengan como objetivo la protección del bien jurídico lesionado, pueden ingresar al proceso, en calidad de ofendidas penalmente. Dicho ingreso, que no se encuentra previsto a normativamente, implica una interpretación del art. 7 del CPP, que extiende o amplía la legitimación sustancial del QP. En la mayoría de los casos abordados, el bien jurídico protegido era el normal funcionamiento de la administración pública, u otro bien de carácter difuso o colectivo.
La afectación del normal funcionamiento de la administración pública tiene protección convencional, en particular, hay instrumentos convencionales que tienden a la “lucha contra la corrupción”, que se traducen en obligaciones asumidas por el Estado en la ejecución de medidas tendientes a efectivizar la lucha contra la corrupción, compromiso que se traduce en la obligación de adoptar medidas preventivas y punitivas en tal sentido.
Sobre la base de los fundamentos que expone el Tribunal, la interpretación amplia del contenido del art. 7 del CPP, se sustenta en criterios de política criminal, sobre la persecución de la corrupción estatal y la necesidad de brindarle mayor eficacia a la investigación de estos tipos de delitos (con las complejidades que acarrea su denuncia, investigación y posterior enjuiciamiento).
La interpretación amplia del artículo en cuestión se sustenta en una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, y la traspolación de las normas constitucionales que regulan la acción de amparo, al caso de la legitimación del QP. De igual manera, se ha admitido el acceso de las asociaciones gremiales al proceso, cuando el delito investigado afecta la esfera de los intereses de sus representados —sujetos afectados por el delito—.
En lo que se refiere a la participación de las asociaciones intermedias en el proceso, a partir del voto del Dr. López Peña en “Zabala” hay un apartamiento de la forma en la que se venía interpretando el art. 7 del CPP, y en consecuencia, se descarta el ingreso de las personas jurídicas al proceso penal en calidad de QP, partiendo de la base del Principio de Legalidad, que, conforme ensaya en su desarrollo argumental, rige en materia de legitimación procesal.
Según la nueva postura del TSJ, no está permitido, de acuerdo con la letra del art. 7 del CPP, ampliar el término ofendido penal a casos en los que se vulneran bienes colectivos sin que se haga referencia a la titularidad de bienes individuales. En el caso de los delitos de ofensa compleja, cabe la posibilidad de acreditar la afectación real y directa de un derecho subjetivo, vinculado a un bien jurídico individual. De esta manera, la interpretación que promueve el vocal, no sería de corte restrictivo, sino amplio, ya que admite la participación del afectado, real y directo, como QP.
Lo que se busca es permitir el ingreso al proceso de los verdaderos afectados por el hecho ilícito que se investiga, en el caso concreto, y no a terceros ajenos que no hayan padecido las consecuencias del delito, por no ser titulares de bienes jurídicos
